A juicio del alcalde del municipio Carrizal, José “Chonchón” Morales, el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOAT), aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN), tergiversa y se extralimita en su objeto; asimismo, “es discriminatoria en contra de las potestades tributarias de los estados y municipios y vulnera su autonomía, por lo tanto, es inconstitucional”.

Por tal motivo, el burgomaestre hizo un llamado a los parlamentarios a corregir este texto legal antes de su aprobación definitiva; ya que, de no ser así, se estaría atentando contra el modelo federal y descentralizado del Estado venezolano, transfiriendo al Ministerio de Economía y Finanzas funciones de tutela administrativa sobre estados y municipios que la constitución no le confiere.

“La armonización y los equilibrios tributarios son necesarios, pero que eso no sea en desmedro de la autonomía de los municipios sumándole más centralismo e imposición al ejercicio del poder nacional. No nos oponemos a la coordinación y armonización de las potestades tributarias, porque es una necesidad y un principio constitucional, pero observamos que solo se aplica a estados y municipios, dejando fuera los impuestos nacionales, tasas, aranceles, contribuciones y demás tipos parafiscales, que tanto impactan sobre los contribuyentes y la economía del país”, afirmó.

Morales destacó que, pese a que la normativa legal, de acuerdo a la Constitución de la República busca definir principios, parámetros y limitaciones de las potestades tributarias, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, determinen los tipos impositivos o alícuotas mediante sus respectivas leyes y ordenanzas, el proyecto actual no define sino que establece los principios, parámetros y limitaciones, y además los tipos impositivos y alícuotas.

Puntualizó que además faculta al ministerio, como órgano rector de las potestades tributarias, a ejercer la tutela administrativa mediante resoluciones o providencias para establecer las alícuotas del Clasificador de Actividades Económicas y otras normas de implementación, según consta en los artículos 28, 31 y 36 del proyecto de Ley.

En este sentido, el alcalde aseveró que estos artículos violan el artículo 180 de la Constitución de la República que, establece la autonomía y separación de las potestades tributarias de los municipios, en relación con las potestades reguladoras que la Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional sobre determinadas materias o actividades.

Por otra parte, viola el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que establece, que corresponde a la ordenanza como ley local, regular los tributos municipales que le son propios, por lo tanto, la base imponible, los tipos o alícuotas de gravamen o las cuotas exigibles, así como los demás elementos que determinan la cuantía de la deuda tributaria.

“En consecuencia, de no corregirse las disposiciones del proyecto de Ley, que colinden con la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el Concejo Municipal se vería menoscabado en su autonomía para ejercer la facultad normativa en materia tributaria, pues quedaría sujeto también a las providencias e instructivos que dicte el ministerio, lo cual es inaceptable”, indicó.

Morales recordó que en el municipio su gestión ha logrado armonizar los tributos, a través de la entrada en vigencia en el mes de agosto la reforma de la Ordenanza sobre Actividades Económicas, mediante la cual se redujo las alícuotas entre un 28% y 36%, además de la aplicación de una política de incentivos fiscales con exoneraciones al sector privado, para atraer nuevas inversiones o para estimular algunos ramos de actividad económica.

“Estamos haciendo un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los vecinos y para eso requerimos de los recursos que el mismo municipio genera, ya que el poder nacional eliminó o prácticamente redujo a muy poco los aportes nacionales que en el pasado contribuían a la gestión de estados y municipios, como lo eran el FIDES, la Ley de Asignaciones Económicas Especiales y el Situado Constitucional”, agregó.

Finalmente, el mandatario municipal instó a la Comisión de Finanzas de la AN a evaluar el impacto negativo que podría producir la Ley en los 335 municipios del país; para las economías locales y para la gestión de servicios públicos a cargo de las alcaldías.