En el marco del Plan Evasión Cero, que lleva adelante la Alcaldía del Municipio Carrizal, a través de la Gerencia de Administración Tributaria, se activó una jornada de exhorto a los representantes de los establecimientos comerciales y a los consumidores, a cumplir y exigir la emisión de la factura legal.

La información fue suministrada por Óscar Bustamante, gerente de Administración Tributaria, quien puntualizó que los fiscales de esta dependencia están desplegados actualmente, en el casco central y el Centro Comercial La Cascada, realizando la colocación de calcomanías en los establecimientos comerciales de la jurisdicción, que debe ser colocada en un lugar visible cerca de la caja o área de facturación, y se tiene previsto visitar cerca de 800 comercios del municipio.

“La evasión fiscal es un delito. El llamado es a todos los usuarios a exigir su factura, ya que de esta manera contribuyen a combatir la evasión fiscal, obligan a los comerciantes a cumplir con sus obligaciones con el fisco, disminuye la especulación en los comercios, para así juntos lograr que la recaudación del municipio continúe en franco crecimiento y sean cónsonos con las necesidades del municipio”, agregó. En este sentido, Bustamante anunció a los compradores que se habilitó el número de teléfono 0412-9586074 para que las personas realicen su respectiva denuncia. Reiteró que durante las inspecciones realizadas observaron que diversos establecimientos incumplen con esta obligación, que es fundamental para nosotros hacer seguimiento a la parte impositiva y determinar cuáles son los ingresos brutos reales que tienen los comercios.

“Esa es una forma de ocultar los ingresos reales y el municipio cobra los impuestos sobre estos impuesto por las alícuotas correspondientes; sin embargo, si al momento de realizar las auditorias, si no hay facturas los reportes de impuestos no corresponden a la realidad”, dijo.

Alertó a los comerciantes que al incumplir con esta obligación, violan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Tributario y la Ordenanza de Actividad Económica, por lo que, de constatarse el incumplimiento de esta normativa pueden ser objeto de un proceso de auditoría, generar sanciones pecuniarias y el cierre del establecimiento.